La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) de Ecuador rechazó en un comunicado la decisión del Gobierno nacional de eliminar el precio diferenciado del diésel, ya que incrementará los costos de producción del sector en 16 centavos por libra. De acuerdo con el organismo que preside José Antonio Camposano, esta medida “afectará seriamente” la competitividad del sector acuicultor en general y camaronero en particular, y “pone en riesgo de quiebra a productores más vulnerables dada la situación actual de precios internacionales”.
Efectivamente, hace muy pocos días, el Gobierno de Ecuador anunció la eliminación del subsidio al diésel que utilizan las grandes fincas productoras de camarón, como parte de un plan para redistribuir la ayuda estatal a los sectores más pobres, con lo que espera un ahorro de USD 160 millones anuales.
De acuerdo con los miembros de la CNA, la decisión −que afecta al 82% de la superficie camaronera nacional−, “se toma en el peor momento posible y sin haber sido discutida previamente para implementar medidas compensatorias que eviten afectar al principal producto de exportación de Ecuador, generador de 275,000 plazas de empleo”.
Falta de medidas paliativas
Camposano, presidente ejecutivo de la CNA, aseguró que “el sector camaronero asume costos que no debe y que, hasta el día de hoy, el Gobierno no ha solucionado, lo que encarece su producción”. Por ello, dijo, “el anuncio de la eliminación del precio diferenciado del diésel profundiza aún más la problemática de competitividad por la que atraviesan”.
En una nota de prensa, la CNA explicó que desde el sector camaronero se han hecho propuestas que impulsan el fomento a la actividad productiva y exportadora siendo una de ellas el drawback automático, mecanismo reconocido internacionalmente, así como la ejecución de un proyecto financiado por la CAF por más de USD 200 millones para la construcción de infraestructura que permita llevar energía eléctrica a las camaroneras y dejar de usar diésel.
Sin embargo, “ninguna de estas iniciativas ha recibido el impulso que se esperaba por parte de ninguna autoridad del Gobierno, por lo que la afectación de hoy a la competitividad del sector carece de medidas paliativas que nos permitan hacer frente a las dificultades derivadas de la recesión mundial que estamos atravesando”, detalló el presidente de la CNA.
¿Quién ayuda a quién?
“Nuestra cadena productiva paga centenas de millones de dólares en impuestos y aportaciones; sin embargo, nuestros trabajadores no reciben atención pública de salud y nos corresponde a los empleadores asumir ese costo adicional. Lo mismo sucede con infraestructura vial, servicios públicos ineficientes que nos cuestan horas de trabajo y la inseguridad que, aunque siendo responsabilidad exclusiva del Gobierno, nuestro sector la debe combatir con recursos privados que superan los USD 80 millones anuales. Entonces, ¿quién termina subsidiando a quién?”, dijo Camposano.
“Mientras se anuncia sorpresivamente esta medida, no hay una sola decisión que haya mejorado nuestra capacidad para competir en los mercados internacionales”, aseguró el titular de la CNA.
Finalizando sus declaraciones, Camposano destacó que “los acuerdos comerciales toman tiempo y no pueden considerarse medidas de corto plazo, el proyecto de la electrificación nunca ha sido prioridad de las autoridades que, al día de hoy no lo han ejecutado; hace más de un año no se da la reforma arancelaria que baje nuestros costos, nuestros laboratorios oficiales, que deben dar un servicio eficiente por el que nos cobran más de USD 8 millones al año no reciben ni la mitad de ese recurso por parte del Ministerio de Finanzas para hacer su labor. El Gobierno nos obliga a comprar soya local que cuesta 50% más caro que la soya importada; solo eso nos cuesta USD 15 millones al año”.
