Por: Yahira Piedrahita*
Muchos consumidores se preocupan por conocer el origen y las certificaciones de lo que consumen. Por ello, los productos de la acuicultura deben proveer los más sólidos estándares de autenticidad, que se apliquen regularmente en toda la cadena de valor y ayuden a prevenir la ocurrencia de eventos que representen algún tipo de riesgo.
Las normas alimentarias y el comercio van de la mano para garantizar alimentos seguros, nutritivos y suficientes para una población mundial en crecimiento. En la actualidad, es difícil imaginar el comercio de alimentos sin estándares que brinden confianza a los consumidores sobre la seguridad, calidad y autenticidad de lo que comen.
Cada gobierno es responsable de garantizar que la población de su país acceda a alimentos seguros; por ello, todos los países tienen leyes que incluyen aspectos de soberanía y seguridad alimentaria, así como aspectos de inocuidad y normas técnicas relativas a calidad de los alimentos.
A pesar de todos los matices positivos de la legislación alimentaria, adentrándonos en el comercio internacional, si cada gobierno aplica diferentes normas alimentarias, el comercio es más costoso y es más difícil garantizar que los alimentos sean seguros y cumplan con las expectativas de los consumidores.
“La Organización Mundial de Comercio (OMC), es la única organización mundial con el mandato de hacer frente a las reglas del comercio entre las naciones. Los Estados Miembros de la OMC se unen para negociar estas reglas, que toman la forma de acuerdos comerciales adoptados por consenso.”
Un punto clave respecto al comercio internacional de alimentos, fue la llegada de los acuerdos llamados MSF y OTC. El acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (acuerdo MSF) se refiere a la aplicación de las normas de inocuidad de los alimentos, así como la sanidad animal y vegetal; mientras que el acuerdo sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio (acuerdo OTC) tiene por objeto garantizar que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad no sean discriminatorios y no creen obstáculos innecesarios al comercio (las llamadas medidas paraarancelarias).
El comercio mundial de alimentos se rige principalmente por las directrices que emanan del Codex Alimentarius, que consiste en una colección de normas alimentarias aceptadas internacionalmente y presentadas de modo uniforme. El objeto, de estas normas alimentarias, es proteger la salud del consumidor y asegurar la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de los alimentos.
Incluye también disposiciones de naturaleza recomendatoria en forma de códigos de prácticas, directrices y otras medidas recomendadas, destinadas a alcanzar los fines del Codex Alimentarius.
La finalidad de su publicación es que sirva de guía y fomente la elaboración y el establecimiento de definiciones y requisitos aplicables a los alimentos para facilitar su armonización y, de esta forma, facilitar, igualmente, el comercio internacional. Dado que las normas, directrices y códigos de prácticas del Codex son de carácter consultivo, para que sean legalmente exigibles los países deben traducirlos voluntariamente en su propia legislación o normativa nacional.
“Cuando un país aplica las normas del Codex Alimentarius y se compromete con los acuerdos MSF y OTC, contribuye a salvaguardar la salud pública y aprovechar las oportunidades de comercio internacional.”
La aplicación exitosa de estos lineamientos se basa en sólidos conocimientos y capacidades en inocuidad alimentaria y estándares de calidad.
El compromiso y la inversión constante en la mejora continua de los sistemas de control de alimentos, son fundamentales para que un sistema de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria pueda prevenir cualquier tipo de riesgo, principalmente el fraude alimentario, que consiste en la sustitución, adición, adulteración o tergiversación deliberada de alimentos o ingredientes alimentarios para obtener beneficios económicos.
El fraude alimentario puede ser una amenaza para la seguridad alimentaria o impactar negativamente el estado nutricional de poblaciones ya vulnerables; también puede ocasionar, que todos los interesados en la cadena de suministro, pierdan inmediatamente la confianza en la autenticidad de los alimentos y el comercio puede congelarse casi de manera instantánea.
Los productos de la acuicultura, por ser considerados productos con riesgos significativos importantes, deben ofrecer garantías al consumidor respecto al control de riesgos en materia de inocuidad y fraude alimentario.
Muchos consumidores se preocupan por conocer el origen y las certificaciones de lo que consumen, principalmente por riesgos de contaminación microbiana, antibióticos, metales pesados, aditivos no autorizados, especies no permitidas para consumo humano, amenazas a la biodiversidad, entre otros.
Por ello, los productos de la acuicultura deben proveer al consumidor los más sólidos estándares de autenticidad, que se apliquen regularmente en toda la cadena de valor y ayuden a prevenir la ocurrencia de eventos que representen algún tipo de riesgo.
“La trazabilidad, definida como una serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas, es un componente importante de la estrategia de gestión de seguridad alimentaria a lo largo de las cadenas de valor.”
Sin embargo, en muchos países en desarrollo, la fragmentación de las cadenas de suministro genera desafíos importantes para lograrla. La inspección de alimentos basada en el riesgo debe incluir la inspección de las instalaciones, la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas establecidas y el muestreo del producto final; y la capacidad de diagnóstico se reconoce como un elemento clave de la infraestructura de cumplimiento.
Los principales mercados de los alimentos de origen acuícola (salmón, camarón, tilapia, entre otros) tienen regulaciones muy claras respecto a las garantías que los productores deben proveer para poder comercializar sus productos en los mercados internacionales. Por ejemplo, la Ley General de Alimentos de la Unión Europea (UE), que entró en vigor en 2002, hace que la trazabilidad sea obligatoria para todas las empresas de alimentos y alimentos
balanceados.
La UE requiere que todos los operadores de alimentos y balanceados implementen sistemas especiales de trazabilidad. El reglamento (CE) 178/2002 está comprendido dentro del paquete de higiene, que define las bases para una política de higiene unificada y transparente. La principal finalidad de este reglamento, es la de establecer principios y requisitos sobre la normativa alimentaria.
Así mismo, el Programa de Monitoreo de Importaciones de Mariscos (SIMP, por sus siglas en inglés) es un programa de trazabilidad basado en el riesgo, el cual requiere que el importador registrado de los Estados Unidos proporcione e informe datos clave, desde el punto de cosecha hasta el punto de entrada al comercio de dicho país, de cualquier producto identificado como vulnerable al fraude ilegal, no reportado y no regulado de la pesca y/o acuicultura.
“El comercio de productos acuícolas ofrece una alternativa para que los cultivadores, procesadores y comerciantes de los países en desarrollo aumenten sus ingresos y estimulen el desarrollo económico; pero a pesar de todo este potencial, enfrentan muchos desafíos. La capacidad limitada para cumplir con los requisitos de seguridad alimentaria es a menudo uno de los principales obstáculos.”
Las regulaciones nacionales que aplican a los productos acuícolas deben garantizar que las normas se basen en un adecuado análisis de riesgo, utilizando el mejor, más actualizado y sólido asesoramiento científico. La legislación también debe garantizar la coherencia entre las normas nacionales e internacionales para facilitar el comercio.
A medida que surgen inevitablemente nuevos tipos de desafíos, una mejor preparación y una mayor participación ayudarán a los actores de la cadena a captar las señales y encontrar soluciones que logren los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición, al tiempo que faciliten el comercio.
Latinoamérica aún tiene un enorme potencial como productor acuícola, también una gran responsabilidad de suministrar productos seguros a los consumidores locales y al mundo. Por ello, el control de la calidad de los productos y la trazabilidad son requisitos inevitables para el comercio, y esto obliga a los países productores a prepararse y realizar un esfuerzo continuo para mantener los alimentos seguros y nutritivos.
En cada uno de los países de nuestra región se requerirán instituciones sólidas. En el Centro de Estudios Estratégicos para la Acuicultura (CIDEEA), buscamos trabajar de la mano con cada uno de los países de nuestra región con el objetivo de fortalecer las instituciones, tanto en el sector público como en el privado, para gestionar los riesgos y disfrutar de los beneficios que el futuro ofrece.
Este artículo es patrocinado por CIDEEA
Yahira Piedrahita
Ingeniera en acuicultura (ESPOL), con diplomado en Economía Pesquera y maestría en Gestión de Recursos Bioacuáticos y Medio Ambiente.
Se ha desempeñado en el sector gubernamental como directora general de Acuicultura y directora general del Instituto Nacional de Pesca de Ecuador.
También ha trabajado como experta en pesca y acuicultura para el Centro Holandés de Promoción de Importaciones (CBI), la Unión Europea y las Naciones Unidas (ONUDI y FAO).
Miembro fundador del Centro Internacional de Estudios Estratégicos para la Acuicultura (CIDEEA) y miembro del Directorio de la Sociedad Mundial de Acuicultura (WAS) para el periodo 2023-2026.
Desde 2011 es directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuicultura de Ecuador.
Las referencias y fuentes consultadas por el autor en la elaboración de este artículo están disponibles bajo petición previa a nuestra redacción.
ypiedrahita@cideea.org
