Por: Roberto Arosemana*
La clave para que los micro, pequeños y medianos productores acuícolas se conviertan en una fuerza nacional no está en producir más, sino en producir juntos. La integración empresarial puede convertirlos en el nuevo eje de desarrollo de la economía azul en México y Latinoamérica.
Una gran parte de los productores acuícolas en la mayoría de los países latinoamericanos son de micro, pequeña y mediana escala (MIPYME), especialmente en los países centroamericanos y en las zonas rurales de México, Colombia, Perú y Ecuador.
Estos productores MIPYME forman la mayoría de los actores acuícolas en estos países, representando, de acuerdo con la FAO, más del 70-80% del total de productores.
Miles de MIPYMEs acuícolas enfrentan problemas estructurales: escasa organización, baja productividad, acceso limitado a tecnología y una fuerte dependencia de intermediarios.
Adicionalmente, y debido a sus recursos limitados, cuentan con un bajo poder de negociación que limita fuertemente su acceso a mercados formales o financiamiento competitivo, lo que limita su capacidad de escalamiento y de innovación.
Frente a este escenario, la figura de la empresa integradora surge como una herramienta poderosa para generar una economía de escala que permita transformar la acuicultura en una industria moderna, rentable y sostenible.
¿Qué es una empresa integradora?
Una empresa integradora es una sociedad mercantil conformada por varias MIPYMEs que deciden sumar esfuerzos para convertir sus capacidades individuales en una fuerza económica con escala, capacidad de gestión y presencia de mercado que permita mejorar su posición competitiva.
En las empresas integradoras, cada empresa socia conserva su autonomía jurídica y operativa, pero delega en la integradora funciones estratégicas comunes como compras, comercialización, gestión financiera, innovación o exportación.
En esencia, una empresa integradora es una “empresa de empresas”: un vehículo colectivo que multiplica las capacidades de sus socios sin restarles independencia.
Ventajas y beneficios para el sector
- Economías de escala y reducción de costos. Al centralizar la compra de insumos o servicios técnicos, se logran descuentos significativos y se estandariza la calidad. También pueden compartir infraestructura común, reduciendo los costos unitarios de producción.
- Acceso al financiamiento. Una empresa integradora ofrece mayores garantías y estabilidad financiera frente a la banca o inversionistas privados, reduciendo el riesgo crediticio y permitiendo obtener créditos colectivos con mejores condiciones.
- Comercialización conjunta y valor agregado. Las integradoras pueden invertir en plataformas de acopio, plantas de fileteado o empaques certificados, y lanzar marcas colectivas. Esto no solo mejora los precios de venta, sino que también abre puertas a mercados institucionales, cadenas de supermercados y exportadores.
- Innovación, asistencia técnica y capacitación. Una integradora puede establecer convenios con universidades, centros de investigación y proveedores tecnológicos. Esto facilita la transferencia de innovación y permite mantener programas de capacitación permanente para los socios.
- Sustentabilidad y certificaciones. Una integradora puede gestionar certificaciones como ASC, Global G.A.P. y Buenas Prácticas Acuícolas (BAP), que son requisitos frecuentes en los mercados de exportación.
Retos para su consolidación
Sin embargo, la constitución de empresas integradoras no está libre de retos y obstáculos que deben ser considerados, como son:
- La cultura del individualismo. Uno de los principales obstáculos es la resistencia cultural a la colaboración. Muchos productores desconfían de las estructuras colectivas por experiencias fallidas con cooperativas o asociaciones. La clave está en construir liderazgo sólido, transparencia y profesionalización desde el inicio. La confianza no se decreta; se construye con reglas claras y resultados medibles.
- Gobernanza y gestión profesional. Los conflictos internos y la falta de control pueden poner en riesgo la viabilidad del proyecto. Contar con gerentes especializados y asesores externos es esencial para mantener la estabilidad.
- Formalización y cumplimiento normativo. Para integrarse, las empresas socias deben estar regularizadas fiscal, ambiental y sanitariamente. En zonas rurales, esto puede representar un reto, pero también una oportunidad para elevar el nivel de formalidad y trazabilidad del sector.
- Capital semilla y financiamiento inicial. Aunque el modelo facilita la obtención de crédito, requiere recursos iniciales para la constitución, estudios de mercado e infraestructura común. Los programas públicos y fondos de desarrollo deberían priorizar este tipo de iniciativas, especialmente en regiones con alto potencial acuícola.
La integración acuícola como política nacional
El verdadero salto del sector dependerá de una visión de política pública que reconozca el papel estratégico de las integradoras. Los Planes Nacionales de Desarrollo de la Acuicultura de cada país deberían incorporar incentivos fiscales, asesoría técnica y financiamiento específico para la creación de estas estructuras.
La integración empresarial debe ser un tema de interés nacional, ya que no solo mejora la rentabilidad de las empresas, sino que fortalece la soberanía alimentaria de un país, reduce desigualdades regionales y promueve la sostenibilidad ambiental.
Conclusión: la unión como ventaja competitiva
La acuicultura en México y Latinoamérica tiene todo para ser un pilar de la economía azul: recursos naturales, talento técnico y mercados crecientes. Lo que ha faltado es organización.
Las empresas integradoras representan ese punto de inflexión que puede convertir la dispersión en fortaleza y la competencia interna en colaboración estratégica.
En un mundo donde la escala, la trazabilidad y la sostenibilidad definen el éxito, la integración empresarial ya no es una opción: es una necesidad.
* Roberto Arosemena es ingeniero Bioquímico con especialidad en Ciencias Marinas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guaymas, y obtuvo su maestría en Acuacultura por la Universidad de Auburn, Alabama en Estados Unidos. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector acuícola nacional e internacional. Ha ocupado diferentes cargos tanto en el sector tanto privado como gubernamental entre los que destacan haber sido presidente fundador de Productores Acuícolas Integrados de Sinaloa A.C., empresa integradora constituida por 32 granjas camaroneras. Fue director general fundador del Instituto Sinaloense de Acuacultura por más de 9 años. Se desempeñó como secretario técnico de la Comisión de Pesca en la Legislatura LXII en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Asimismo, ocupó el cargo de director ejecutivo del Consejo Empresarial de Tilapia Mexicana A.C. Actualmente se desempeña como director general de NDC Consulting Group y como socio fundador y director ejecutivo del Centro Internacional de Estudios Estratégicos para la Acuicultura (Panamá).
