La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de El Salvador emitió al inicio del mes de febrero su dictamen favorable a la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), una institución autónoma, con patrimonio propio y adscrita al Ministerio de Economía. La nueva institución estará encargada de planificar y aplicar políticas de pesca, acuicultura y actividades relacionadas, promoviendo la economía y el aprovechamiento responsable de los recursos marinos y de agua dulce sin dañar el medio ambiente, explicaron desde la Comisión.

La ASEA será una institución autónoma de derecho público, con carácter técnico que se relacionará con el Órgano Ejecutivo e Instituciones del Estado a través del Ministerio de Economía. De acuerdo con el anteproyecto de ley, la entidad se sostendrá con fondos del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional, donaciones y otros recursos. Asimismo, su gestión estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas, además de auditorías externas cuando se considere necesario.

Durante el encuentro de la Comisión, los parlamentarios escucharon la opinión técnica de Marta Solís, representante del Ministerio de Economía, quien -entre otras cosas- explicó el concepto de Economía Azul, que engloba la integración de la sostenibilidad y la gestión responsable de los océanos con el desarrollo económico, utilizando la tecnología y la innovación para maximizar los beneficios de los recursos marinos y costeros sin agotarlos.

Se trata, detalló Solís, de “equilibrar el crecimiento económico con la salud de los ecosistemas y la equidad social, incluyendo actividades como la pesca, la acuicultura sostenible, el turismo costero y la energía renovable marina, para lograr mayor eficiencia y minimizar residuos, impulsando nuevos empleos como medios de vida y una economía circular en los sectores marítimos”, detalló Solís.

Ente rector de la política y la planificación

La técnica añadió que el objetivo de la ley es diseñar e implementar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas, bajo el enfoque de economía azul, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, el crecimiento del sector y el uso racional de los recursos hidrobiológicos e integrar la sostenibilidad ambiental, innovación y colaboración multisectorial para proteger los ecosistemas marinos, costeros, insulares y continentales.

Solís también informó de que la ASEA será el ente rector de la política y planificación de la pesca, acuicultura y actividades conexas con enfoque de economía azul y la encargada de aplicar la normativa nacional en materia pesquera y acuícola y coordinar relaciones nacionales e internacionales del sector.

La representante del Ministerio de Economía afirmó que la nueva Autoridad tendrá atribuciones como ejercer la rectoría y gobernanza del sector pesquero y acuícola, garantizando el cumplimiento de la normativa y la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura.

La ASEA regulará el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, promoviendo su uso sostenible y asegurando la conservación de los ecosistemas. Para ello, autorizará, monitoreará e inspeccionará las actividades del sector, con el objetivo de garantizar la trazabilidad, la calidad y la inocuidad de los productos, impulsando prácticas responsables y sostenibles.

A su vez, la ASEA impulsará el desarrollo productivo mediante el fortalecimiento de la cadena de valor, la innovación y el acceso a mercados, promoviendo los principios de la economía circular. Además, fomentará la investigación científica, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades, articulando acciones con instituciones públicas, el sector empresarial y organismos internacionales para una coordinación y cooperación estratégica efectiva.

Responsable de sancionar las infracciones

La iniciativa parlamentaria establece también que la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul será la entidad responsable de imponer sanciones por infracciones a la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura. Cuando se detecten o denuncien posibles irregularidades, la ASEA iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, siguiendo las normas legales vigentes.

Durante el proceso, la Autoridad podrá aplicar medidas preventivas, como suspensiones o restricciones temporales y, al finalizar, emitirá una resolución. Estas sanciones administrativas no excluyen otras responsabilidades legales que puedan derivarse, ya sea en materia ambiental, marítima, civil o penal.