Por: APROMAR
•APROMAR ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que modifica los anexos I y II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, advirtiendo que la reforma supondrá un grave obstáculo para el desarrollo de un sector estratégico para la soberanía alimentaria y la sostenibilidad, sin aportar una mayor protección al entorno natural.
•Los cambios acarrean que hasta las granjas de acuicultura pequeñas, que hasta hoy presentaban los denominados “informes de incidencia ambiental”, deban pasar a tramitar más complejas “evaluaciones ambientales”.
•La asociación pide al MITECO que retire los cambios previstos para el sector por innecesarios, desproporcionados y contraproducentes.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en consulta pública previa el proyecto de real decreto para la modificación de los anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Su objetivo es, según el MITECO, facilitar la interpretación de la norma en la interpretación de los anexos, facilitar a las Comunidades Autónomas tramitar una mayor cantidad de procedimientos, y con ello mejorar la transposición al ordenamiento jurídico español de la normativa comunitaria.
APROMAR considera, sin embargo, que la propuesta tendrá impactos en sentido contrario: complicará la implementación de las obligaciones a las empresas, sobrecargará aún más las ya desbordadas oficinas de medio ambiente de las CCAA y todo ello sin aportar una mayor protección medioambiental.
Desde APROMAR se subraya la contradicción existente entre, por un lado, los mensajes institucionales que reconocen a la acuicultura como fuente esencial de alimentos saludables, sostenibles y de proximidad —y las políticas públicas que la promueven— y, por otro, una creciente presión regulatoria ambiental que actúa como una barrera casi infranqueable para nuevas inversiones.
Insiste APROMAR en que con ello la normativa ambiental ha dejado de centrarse en prevenir impactos reales y previsibles para convertirse en una aplicación extrema y generalizada del principio de precaución, más allá de su sentido original.
Por otra parte, APROMAR recuerda que tanto la Unión Europea como los Estados miembros reconocen actualmente la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos para mejorar la competitividad de las empresas y agilizar la gobernanza. Sin embargo, la reforma propuesta va en la dirección opuesta, al imponer nuevos trámites de evaluación ambiental a proyectos que hasta ahora se autorizaban de manera más sencilla con plena seguridad jurídica y ambiental.
De hecho, la modificación planteada implicaría que, en la práctica, todos los proyectos de acuicultura en España, sin excepción, incluso los que hasta ahora por su reducido riesgo de impacto ambiental solo debían tramitar un mero informe de incidencia ambiental, deberán someterse al menos a una compleja evaluación de impacto ambiental simplificada, que hoy en día resulta indistinguible en complicación, exigencias y duración de la evaluación ambiental ordinaria.
La asociación insiste en que el marco actual de evaluación ambiental ha demostrado sobradamente su eficacia. La acuicultura española no presenta antecedentes de daños ambientales significativos atribuibles a su actividad y, por el contrario, actúa a menudo como bioindicador de problemas ambientales causados por terceros.
Como ejemplo, APROMAR cita el caso de Galicia, donde desde la entrada en vigor de la Ley 21/2013 se autorizaron doce proyectos acuícolas sometidos a evaluación ambiental simplificada. Tras más de una década de seguimiento, la propia Xunta de Galicia constata que no se ha registrado ningún incumplimiento ni impacto adverso en el medio natural asociado a estas instalaciones.
Para APROMAR, elevar de forma indiscriminada los proyectos de acuicultura a los anexos I y II de la Ley de Evaluación Ambiental carece de justificación técnica y no aporta mejoras reales en la protección del medio ambiente. Por el contrario, amenaza con bloquear inversiones productivas, generar inseguridad jurídica y poner en riesgo la sostenibilidad económica y social de un sector clave en zonas rurales y costeras.
Por todo ello, APROMAR ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que retire las modificaciones previstas para la acuicultura en el proyecto de Real Decreto y mantenga el régimen de evaluación ambiental actualmente vigente, que ha demostrado ser riguroso, eficaz y plenamente compatible con la protección del medio ambiente.
El gerente de APROMAR, Javier Ojeda González-Posada ha afirmado que “la acuicultura española es ya uno de los sectores productivos más regulados y controlados desde el punto de vista medioambiental”. “El proyecto normativo sometido a consulta pública introduce nuevas exigencias que, lejos de mejorar la protección del entorno natural, multiplican la carga administrativa, alargan innecesariamente los plazos de tramitación, generan costes adicionales y merman la competitividad de las empresas”.
Acerca de APROMAR
APROMAR es la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, una organización de carácter profesional, voluntaria y de ámbito nacional. APROMAR está reconocida desde 1986 como Organización de Productores (OPP-30) a efectos nacionales y de la Unión Europea. Pertenecen a APROMAR la práctica totalidad de productores de peces de crianza (dorada, trucha, rodaballo, lubina, atún rojo, anguila, lenguado, esturión, corvina y seriola) de España, representando una producción total de más de 65,000 toneladas de pescado de crianza (dato de 2024).
APROMAR es miembro de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), participa en la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP) y es reconocida como Asociación Exportadora por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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