Por: Roberto Arosemena*

La acuicultura rural enfrenta serios problemas de financiamiento; sin embargo, existen numerosas fuentes de apoyo que no están siendo aprovechadas por la falta de proyectos bien integrados y correctamente gestionados.

La acuicultura rural en América Latina se encuentra en una encrucijada. Por un lado, representa una de las actividades productivas con mayor potencial social, económico y territorial, muchas veces en regiones donde existen pocas alternativas de desarrollo. Por otro, enfrenta una realidad cada vez más compleja: la reducción progresiva de los recursos públicos destinados a su desarrollo.

Durante décadas, el crecimiento del sector estuvo estrechamente ligado a programas gubernamentales de apoyo, subsidios y estímulos productivos. Hoy, ese modelo ha desaparecido en algunos países y muestra claros signos de agotamiento en otros.

Los presupuestos públicos son limitados, las prioridades compiten entre sí y la acuicultura rural no siempre está en la lista de las prioridades nacionales. El resultado es evidente: productores con necesidad de inversión, pero sin acceso real a recursos para modernizarse, integrarse o escalar su producción.

Sin embargo, el problema no es únicamente la falta de dinero. El verdadero desafío es que los recursos sí existen, pero no están siendo aprovechados.

En el ámbito internacional, muchos países desarrollados cuentan con agencias u  organismos de desarrollo de países industrializados, agencias multilaterales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones privadas y fondos filantrópicos que destinan miles de millones de dólares cada año a proyectos productivos con impacto social, ambiental y económico.

Muchos de estos recursos están diseñados precisamente para apoyar a pequeños productores, promover la organización comunitaria, fortalecer cadenas de valor y generar economías de escala.

La paradoja es que la acuicultura rural latinoamericana, que cumple perfectamente con estos objetivos, rara vez logra acceder a estos fondos.

La razón principal no es la falta de voluntad de los financiadores, sino la ausencia de proyectos bien integrados, técnicamente sólidos y adecuadamente gestionados. La mayoría de los pequeños y medianos productores no cuenta con las capacidades técnicas, administrativas ni institucionales para estructurar propuestas que cumplan con los requisitos que exigen este tipo de organismos.

Formular un proyecto integral implica diagnósticos, modelos productivos claros, análisis financieros, impactos sociales, esquemas de gobernanza y mecanismos de seguimiento. No es una tarea sencilla para quien está concentrado en producir y sobrevivir día a día.

Es por esto que, en el contexto de recursos fiscales limitados, los gobiernos deben evolucionar hacia un rol mucho más estratégico: promotores, facilitadores y asesores del desarrollo productivo. Esto implica capacitar a los productores, acompañarlos en la formulación de proyectos, organizarlos en esquemas asociativos y facilitar la vinculación con fuentes de financiamiento nacionales e internacionales.

Este enfoque no significa trasladar la responsabilidad del desarrollo únicamente al Estado, sino compartirla. La gestión conjunta entre productores y gobiernos permitiría multiplicar el impacto de los recursos públicos existentes, al utilizarlos como palanca técnica e institucional para acceder a fondos mucho mayores provenientes de fuentes externas.

Particularmente relevantes son los proyectos de integración de pequeños productores. Granjas pequeñas, aisladas y con baja capacidad de negociación difícilmente pueden competir en mercados cada vez más exigentes. La integración, ya sea a través de cooperativas, asociaciones, clústeres o esquemas territoriales, les permite alcanzar economías de escala, mejorar el acceso a insumos, estandarizar procesos, reducir costos y acceder a mejores mercados.

Este tipo de proyectos resulta muy atractivo para organismos de cooperación internacional, ya que combina impacto económico, social y desarrollo territorial. No obstante, nuevamente, requieren una correcta estructuración y una gestión profesional.

De no avanzar en esta dirección, el riesgo es real: la acuicultura rural podría comenzar a desaparecer en muchas regiones, perdiéndose no solo una actividad productiva, sino también una herramienta clave de arraigo rural, generación de empleo y seguridad alimentaria. En zonas donde las opciones productivas son escasas, su desaparición tendría consecuencias sociales profundas.

Pero el cambio no depende únicamente del gobierno

También es indispensable que los productores transformen su visión. La dependencia histórica de los apoyos gubernamentales ha generado, en muchos casos, una cultura de pasividad que limita la iniciativa y la organización. El nuevo contexto exige asumir un papel más activo, comprender que el desarrollo propio es una responsabilidad compartida y que existen alternativas que pueden y debe explorarse.

Organizarse, profesionalizarse y exigir al gobierno acompañamiento técnico, no subsidios permanentes, es parte de esta transformación. La exigencia legítima hoy no debe centrarse solo en la entrega de recursos, sino en el acceso al conocimiento, la asesoría y los mecanismos que permitan competir en igualdad de condiciones.

El futuro de la acuicultura rural no está necesariamente condicionado por la disponibilidad de presupuesto público, sino por la capacidad de construir proyectos sólidos, articular actores y gestionar recursos de manera inteligente. Cuando productores y gobiernos trabajan de forma coordinada, los resultados se multiplican: los gobiernos logran mayor impacto social con menos gasto presupuestal, y los productores pueden desarrollarse incluso en escenarios económicos restrictivos.

En tiempos de escasez, la diferencia no la hace el dinero disponible, sino la capacidad de convertir una necesidad en un proyecto viable.

Es momento de pasar del diagnóstico a la acción. Productores, organizaciones y gobiernos deben sentarse en la misma mesa, construir proyectos conjuntos y abrir la puerta a fuentes de financiamiento que hoy permanecen desaprovechadas.

El desarrollo de la acuicultura rural no puede seguir esperando; requiere participación, visión compartida y decisión para actuar ahora.

* Roberto Arosemena es ingeniero Bioquímico con especialidad en Ciencias Marinas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guaymas, y obtuvo su maestría en Acuacultura por la Universidad de Auburn, Alabama en Estados Unidos. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector acuícola nacional e internacional. Ha ocupado diferentes cargos tanto en el sector tanto privado como gubernamental entre los que destacan haber sido presidente fundador de Productores Acuícolas Integrados de Sinaloa A.C., empresa integradora constituida por 32 granjas camaroneras. Fue director general fundador del Instituto Sinaloense de Acuacultura por más de 9 años. Se desempeñó como secretario técnico de la Comisión de Pesca en la Legislatura LXII en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Asimismo, ocupó el cargo de director ejecutivo del Consejo Empresarial de Tilapia Mexicana A.C. Actualmente se desempeña como director general de NDC Consulting Group y como socio fundador y director ejecutivo del Centro Internacional de Estudios Estratégicos para la Acuicultura (Panamá).